El Gobierno español ha puesto en consulta pública un nuevo borrador del Real Decreto que regulará la obligatoriedad de la factura electrónica para empresas y profesionales en los próximos años. Esta iniciativa, parte de la Ley Crea y Crece, busca mejorar el control fiscal y optimizar los procesos administrativos a través de la digitalización. A continuación, analizamos los aspectos más relevantes de esta medida y sus implicaciones para las empresas.
Plazos para adaptarse a la factura electrónica
El nuevo borrador establece que, dependiendo del volumen de negocio de cada empresa, las entidades tendrán entre uno y dos años para adaptarse a las nuevas obligaciones a partir de la aprobación de la orden ministerial que detallará los requisitos técnicos necesarios para la implementación del sistema. Esto significa que las empresas tendrán tiempo para ajustar sus sistemas de facturación a los nuevos estándares establecidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
En cuanto a los plazos específicos, la normativa será aplicable a partir de un año después de la publicación de la orden ministerial para aquellas empresas con un volumen de negocio superior a ocho millones de euros. Para las empresas con ingresos inferiores a esa cantidad, la obligación de enviar facturas electrónicas a Hacienda se aplicará dos años después de la aprobación de la orden.
De esta forma, las primeras empresas deberán comenzar a remitir sus facturas electrónicas a Hacienda y a sus clientes a partir de 2026, con la posibilidad de que este plazo se extienda unos meses más allá de 2027. Un año después, la obligatoriedad se hará efectiva para todas las sociedades y autónomos, sin importar su nivel de ingresos.
Novedades en la factura electrónica
El nuevo borrador introduce varias novedades importantes. Una de ellas es la definición del concepto de «copia fiel», que hace referencia a la información que las empresas que utilicen sistemas de facturación alternativos deberán enviar a Hacienda. Esta copia deberá contener los mismos datos que la factura original, garantizando una «correspondencia semántica equivalente», lo que implica que los datos sean interpretados de manera coherente y clara por el sistema tributario.
Mejorar el control de la morosidad empresarial
Uno de los objetivos más relevantes de la factura electrónica es combatir la morosidad empresarial. Según un informe de Informa D&B, en 2024 las empresas españolas cobraron sus facturas con un retraso medio de 15,5 días, lo que impacta directamente en la liquidez de las empresas. Para abordar este problema, la nueva normativa establece criterios claros para que Hacienda calcule los plazos de pago de las facturas electrónicas, midiendo el período en días naturales entre la fecha de pago efectivo y la fecha en que se realizaron las operaciones. Esta información deberá figurar de manera obligatoria en la factura que se remita a la Agencia Tributaria, contribuyendo a un mayor control sobre los tiempos de pago.
Gestión por la Agencia Tributaria
La solución pública de facturación electrónica será gestionada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), y su implementación está alineada con la Ley Crea y Crece. Sin embargo, el borrador aclara que las Haciendas Forales de los territorios históricos del País Vasco y Navarra colaborarán con la AEAT para su aplicación, adaptándose a sus respectivas normativas fiscales.
Implicaciones para las empresas
Una vez que la normativa entre en vigor, todas las empresas estarán obligadas a utilizar la solución pública de facturación electrónica, ya sea para emitir facturas directamente a sus clientes o para subir una copia de estas cuando opten por un sistema de facturación privado alternativo al desarrollado por el Ministerio de Hacienda. Esta medida no solo busca mejorar la eficiencia administrativa, sino también garantizar una mayor transparencia y control en el ámbito fiscal, minimizando el riesgo de fraude y favoreciendo una economía más digitalizada.
En conclusión, la obligatoriedad de la factura electrónica representa un paso significativo hacia la modernización del sistema fiscal en España. Aunque los plazos de adaptación varían según el tamaño de las empresas, todos los sectores deberán ajustarse a esta nueva realidad digital. Las empresas deben comenzar a prepararse para cumplir con esta normativa, ya que, además de simplificar procesos, la factura electrónica también contribuye a una mayor eficiencia y seguridad en el ámbito tributario.
